Procedencia del amparo indirecto en materia judicial civil

 

 

 

Lic. José Luis Huape Rodríguez

 

 

l.-Introducción.

 

A principios de los años ochenta  el maestro Daniel Solario se presentó un buen día en el aula de clase para iniciar uno de tantos cursos que ha impartido en la Facultad de  Derecho-Mexicali sobre el juicio de amparo; recuerdo su elocuencia, el regocijo, la pasión con la que explicaba los nobles fines de esa institución. Nos decía que mediante el juicio de amparo se podía frenar la actuación arbitraria de la autoridad, porque estaba concebido como una garantía procesal del gobernado, tutelar de los derechos fundamentales de los individuos.

A veintitantos años de aquel día  sigo pensando igual que Don Daniel, el juicio de amparo es un instrumento que ha servido para detener los excesos del poder público; pero ahora me pregunto en qué medida.

 

Debemos cuestionarnos si los elementos que proporciona la legislación de amparo y la jurisprudencia para alcanzar esos fines, son los adecuados o tenemos que reorientar rumbos.

 

No se necesita hacer un estudio complicado para percibir que el juicio de amparo está regulado por una ley antidemocrática; no porque se haya expedido por una oligarquía, sino porque su contenido es inasequible  para el común de la gente,  vaya, hasta los peritos en derecho trastabillan al Incursionar en su texto.

 

De entrada, las reglas de procedencia del juicio de amparo no están claramente definidas en la ley, están redactadas de tal forma que no dicen lo que dicen, aclaro, no es un juego de palabras. Dos ejemplos son ilustrativos de la indeterminación lingüística de la norma, se dispone que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales ejecutados fuera de juicio, ¿se refiere ese postulado a todo tipo de acto que dicte un tribunal sin que haya o pueda haber juicio?, ¿se necesita que el acto sea ejecutable o también alude a los actos declarativos o de simple confirmación? El significado semántico de las palabras no arroja elementos para despejar esas incógnitas.

 

Otra formula polémica es la que dispone la procedencia del amparo indirecto contra actos que tengan una ejecución de imposible reparación; esa redacción es del todo desafortunada, parece referirse a actos que produzcan la muerte de las personas o la destrucción física de una cosa infungible, porque ordinariamente sólo de esa manera podemos entender esas expresiones fatales. Claro, después de un minucioso y especializado estudio de esa regla de procedencia,  entendemos que no es así.

 

La dificultad que presenta la ley se complica ante un escenario jurisprudencial cargado de términos igualmente indefinidos, que lejos de aclarar los textos normativos profundizan en su ambigüedad, dejando al arbitrio judicial la determinación del significado casuístico de ellos, para muestra un botón, según la jurisprudencia los actos que originan violaciones adjetivas o procesales son de imposible reparación, cuando la afectación es en grado predominante o superior, exorbitante o extraordinaria. Esos adjetivos superlativos son estrepitosos, pero inútiles en la tarea interpretativa.

 

La tendencia a dejar la interpretación de las leyes al casuismo jurisprudencial marca una línea tan imperceptible entre el arbitrio y la arbitrariedad judicial, que pone en grave peligro la certidumbre y seguridad jurídica de los individuos, porque nadie sabe bajo ese esquema a que atenerse hasta que se falla el asunto en turno.

 

La reorientación a corto plazo para acabar paulatinamente con la "arbitrariedad jurisprudencial", valga la antinomia, debe ir en el sentido de crear una jurisprudencia verdaderamente interpretativa que dé aproximaciones al sentido de los términos o expresiones utilizados en la ley, esto es, que en ella se proporcionen elementos objetivos que ayuden a caracterizarlos.

 

En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hay un sector de Ministros que actúa con extrema cautela cuando se trata de desentrañar jurisprudencialmente instituciones jurídicas polémicas, prefieren acudir al expediente de la casuística para aclarar las cosas, bajo el argumento de que, cualquier definición al tiempo quedara corta y estrecha.

 

Pero no se trata de que la jurisprudencia se llene de conceptos o definiciones doctrinales que encapsulen el significado de los términos o expresiones que proporciona la ley, sino que la definición a que nos referimos debe ser tal, que proporcione elementos objetivos que permitan bajo la caracterización de ello  encuadrar la generalidad de los casos que se presenten en la realidad, de manera que no quede al arbitrio subjetivo del juzgador fijar su significado y alcance en cada caso concreto. Para que se pueda lograr ese fin es necesario que en el estudio judicial de los asuntos se trabaje en la intersistematización de los contenidos normativos.

 

A mediano plazo la reforma a la Ley de Amparo debe proporcionar elementos objetivos que caractericen de manera general a los actos procesales, formales o adjetivos de imposible reparación, pues en el proyecto aprobado por el Pleno del más alto tribunal del país no se contempla esa aclaración.

 

Las complicadas reglas de procedencia legal, la ambigüedad y el casuismo de la jurisprudencia han impedido que el juicio de amparo cumpla de manera generalizada su fin prístino. Las interpretaciones que sobre procedencia han sostenido los tribunales federales,  son tan heterogenias que se han convertido en serios obstáculos para una tutela constitucional efectiva. El juicio de amparo se ha vuelto una institución de ilustrados, por ende antidemocrática.

 

Alguna vez dijo Don Guillermo Guzmán Orozco  Magistrado y después Ministro de la Suprema Corte en una célebre sentencia dictada en el recurso de revisión administrativa 400/72, promovido por Joaquín Moreno Bello, lo siguiente: "...atenta la nueva orientación marcada en esa tesis y dado que el juicio de amparo está destinado a tutelar para los ciudadanos el alto valor representado por las garantías individuales, por lo que las cuestiones técnicas de procedencia no deben ser tratadas como trampas procesales ni como laberintos que obstaculicen, en vez de facilitar a los quejosos, la defensa de sus derechos...". Me pregunto ¿dónde quedó el ideal que pregonó el insigne jurista?

 

11. - Procedencia constitucional.

 

La regla básica de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos jurisdiccionale  se encuentra prevista en el artículo 107 fracción III incisos b) y c) de la Constitución Federal, al establecer que, cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido éste; y contra actos que afecten a personas extrañas al juicio.

 

La noción de acto jurisdiccional y de juicio es constante en todos los supuestos constitucionales y legales de procedencia del amparo indirecto judicial, esa circunstancia hace necesario que se proporcione una caracterización de ambas figuras jurídicas para que haya consistencia en la exposición.

 

Tradicionalmente se alude a actos legislativos, administrativos y jurisdiccionales como expresión de la función pública Estatal. Ahora sólo conviene caracterizar al acto jurisdiccional.

 

Un acto es formalmente jurisdiccional, cuando es producto del ejercicio de una función pública encomendada a un tribunal u órgano encargado de resolver conflictos entre partes; y es materialmente jurisdiccional, si crea, modifica o extingue situaciones particulares y concretas para resolver un conflicto preexistente entre partes, en interés de ellas. El criterio formal atiende al órgano que emite el acto. El criterio material al contenido interno del acto.

 

Decíamos que el amparo biinstancial procede contra actos dictados: fuera de juicio; dentro de juicio; después de concluido el juicio; y en ejecución de sentencia.

 

Los primeros, es decir, los que dicta un tribunal fuera de juicio, no son desde el punto de vista material de carácter jurisdiccional, pero sí desde la óptica formal. Esa clase de actos pueden preceder a un juicio, como es el caso de las providencias precautorias, los medios preparatorios a juicio, la recepción anticipada de pruebas en casos de extrema necesidad, o bien pueden ser totalmente ajenos al proceso, como sucede con las resoluciones de jurisdicción voluntaria.

 

Los actos dictados dentro de juicio y fuera de él con existencia autónoma, son típicamente jurisdiccionales, porque emanan de un órgano encargado de resolver conflictos entre partes y son dictados en ejercicio de esa función. Lo mismo puede decirse de los actos de ejecución, que en nuestro concepto son jurisdiccionales porque la impartición de justicia es completa, hasta que los tribunales materializan lo sentenciado de acuerdo al artículo 17 de la Constitución. Hay que aclarar que aunque los actos de ejecución son de naturaleza formal y materialmente jurisdiccionales, no forman parte del juicio.

 

Ahora bien, pasando a la noción de juicio, lo primero que se advierte es la multitud de conceptos doctrinales que hay, pero no es el momento para hacer una letanía de ellos, basta decir, que es pacífica y casi unánime la opinión de los procesalistas en cuanto formulan su caracterización", diciendo que, es el conjunto de actos unidos entre sí, que se  inicia a instancia de parte y concluye con sentencia que resuelve un conflicto entre partes.

 

Pero no siempre se ha entendido así el concepto de juicio, pues en el año de 1929, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo en jurisprudencia que el juicio para efectos del amparo se debía concebir: "como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquiera forma, hasta que queda ejecutada la sentencia definitiva"1

 

El año de 1991, la Segunda Sala del alto tribunal contradijo ese criterio y precisó en tesis jurisprudencial que: “Juicio,  para efectos estrictamente del amparo, debe entenderse que se inicia con la presentación de la demanda ante el órgano correspondiente y concluye con la sentencia definitiva. Por tanto, cualquier determinación que se produzca después de presentada la demanda (sea en el sentido de admitirla, rechazarla, mandarla aclarar, declarar la incompetencia del órgano, etcétera), hasta el pronunciamiento de la sentencia definitiva, será un acto dentro de juicio"2.

 

La Primera Sala del máximo tribunal del país reitero jurisprudencialmente en el año de 1996, el concepto de juicio al establecer: "que éste debe entenderse como el procedimiento contencioso desde que se inicia en cualquier forma, hasta que se dicta sentencia definitiva."3 Siendo así, el juicio concluye con sentencia que resuelve en lo principal y no admite medio de impugnación ordinario, en congruencia con el artículo 46 de la Ley de Amparo.

 

III.- Actos antes, después de juicio y de ejecución.

 

 

El artículo 114 fracción III, primer párrafo, de la Ley de Amparo, establece la impugnabilidad en vía indirecta de actos formal o materialmente jurisdiccionales ejecutados fuera de juicio.

                                                   

Los actos fuera de j o. pueden ser de decisión o ejecución, en otras palabras, la Afectación interés jurídico puede provocarse por un acto de juzgamiento o por un acto de realización material. El que se ubiquen fuera de juicio implica, que se dicten antes de iniciada la instancia contenciosa a través de la demanda, ejemplo de ellos son: Las providencias precautorias, los medios preparatorios a juicio, la recepción anticipada de pruebas en casos de extrema necesidad; también se encuentran dentro de esa categoría los actos que son totalmente ajenos al proceso, como sucede con las resoluciones de jurisdicción voluntaria, aunque ciertamente hay casos en que la materia de esos procedimientos se vuelve contenciosa,  dando paso a que se inicie un juicio, pero igualmente ajeno a la jurisdicción voluntaria.

 

Otro supuesto se refiere a los actos ejecutados después de concluido el juicio, como se advierte, el presupuesto es que haya previamente una sentencia definitiva, esos actos nada tienen que ver con la ejecución de la sentencia, son autónomos a ellos. Indiscutiblemente que existen actos que se dictan des pues de fallado definitivamente el asunto, que no forman parte del procedimiento de ejecución, pues la materia de los mismos es siempre de carácter jurisdiccional en estricto sentido, tal es el caso por ejemplo, de la sentencia interlocutoria que decide una cuestión de personalidad de un nuevo apoderado que comparece después de dictada la sentencia definitiva, o la interlocutoria de liquidación de sentencia, intereses o gastos y costas.

 

En esa hipotesis, el juicio de amparo indirecto se debe interponer contra el acto definitivo, obviamente sin esperar a que se dicte la última resolución del procedimiento de ejecución o si se trata de remate, de la que lo aprueba o desaprueba, porque son ajenos a la vía de apremio.

 

 

Hay por otra parte, actos de ejecución de sentencia contra los que procede el juicio de amparo biinstancial. Son actos de ejecución los que tienden directamente a materializar lo sentenciado, su fin es que lo decidido en el fallo tenga realidad, es decir, que la parte condenada sin y aún contra su voluntad, cumpla con la obligación judicial que le imponga la sentencia de dar, hacer o no hacer. Si la sentencia condena a rendir cuentas, forma parte de ese procedimiento de ejecución, las resoluciones que conminen al ejecutado a exhibir documentos, los que admitan o desechen pruebas, objeciones o que aprueben o desaprueben la rendición de cuentas; si la condena es a dividir cosa común, formarán parte de la ejecución, la convocatoria a los interesados a la junta de partición, o bien la designación de un partidor, la admisión o rechazo de objeciones que se hagan a la propuesta, la resolución que aprueba o desapruebe el proyecto y en su caso, la que ordene la adjudicación.

 

Esa clase de actos integrantes del procedimiento de ejecución, solución combatibles en amparo indirecto, hasta que se dicte la resolución que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento4. Se posterga la promoción del juicio de amparo hasta que se pronuncie la última resolución del procedimiento de ejecución, para evitar que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva, pues es una exigencia social que se satisfagan cuanto antes los intereses de las personas que han resultado vencedoras en una controversia y a la vez es una obligación estatal que se cumpla con ello para mantener el orden público y erradicar la justicia privada.

 

Si la ejecución es de remate para hacer cumplir una sentencia de dar dinero, la regla varía, porque en tal caso  las violaciones de procedimiento y las de juzgamiento que se susciten durante la ejecución forzosa, serán impugnables cuando se combata la resolución definitiva en que se aprueba o desaprueba el remate o la adjudicación. En términos generales este tipo de ejecución se integra con el mandamiento de embargo, la traba del mismo, la valuación de bienes, la convocatoria a postores, las almonedas públicas, el remate en sí mismo, y su aprobación o desaprobación.

 

La diferencia con otro tipo de ejecución es que, tratándose de remate, no hay que esperar hasta la última resolución que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o que declare la imposibilidad material o jurídica de cumplirla. Ahora, los actos posteriores al remate, como los mandatos para el otorgamiento del título de adjudicación y la entrega del bien rematado, son actos autónomos, dictados fuera de juicio.

 

Los actos de ejecución en general deben dejar sin defensa al quejoso como condición para su impugnabilidad en vía indirecta. El criterio empleado en la leyes restrictivo en el sentido de que, no toda violación legal provocada por actos de ejecución puede ser atacada por ese medio, sino sólo aquéllas que trasciendan negativamente al derecho de defensa del quejoso. Por ejemplo, la violación cometida por falta de citación a cualquier actuación en la que deba tener ingerencia en ese procedimiento coactivo; la infringida por la negativa a recibir pruebas que legalmente haya ofrecido o no se reciban conforme a la ley, siempre que tengan que ver con la ejecución misma; la ocasionada al recibir sin su conocimiento pruebas a su contraparte, a menos de que la ley no requiera de ello; la originada por la inadmisión de un recurso a que tuvieren derecho, respecto a resoluciones que tengan que ver con la ejecución; cuando se convoque a postores en forma diversa a la establecida por la ley, etcétera.

 

Si durante el procedimiento de ejecución, llámese de remate o no, se pronuncia un acto que impida la prosecución de éste, el amparo indirecto procede de inmediato, porque no se trata de un acto de ejecución, sino de naturaleza contraria, se trata pues de un acto dictado después de concluido el juicio que adquiere autonomía por los efectos que produce.

 

La regla para impugnar actos de ejecución de sentencia, también es aplicable a la ejecución de interlocutorias y autos, puede suceder la vicisitud de que el juicio concluya mediante un auto que declara la caducidad de la instancia y condena a una de las partes a pagar costas a su contraria, en tal caso, la impugnación de las violaciones que se cometan durante su ejecución habrán de ajustarse a lo comentado con anterioridad, aunque no se finque la acción coactiva en una sentencia propiamente dicha.

 

 

IV.- Actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.

 

El enunciado del artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo, establece una regla de procedencia del juicio de garantías biinstancial, que ha provocado la más larga e intrincada polémica de todos los tiempos registrada en los anales de la jurisprudencia.

 

Las interpretaciones proporcionadas por los tribunales federales al enunciado de acto de imposible reparación han variado en el transcurrir de los años. En una añeja ejecutoria, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció, que los actos producen sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, cuando la afectación tiene consecuencias materia/es sobre las personas o sobre las cosas, siempre que esas cosas tengan existencia objetiva, más no cuando afecte simplemente derechos o situaciones procesales, la ejecutoria señala: "Los actos procesales dictados en el curso de un juicio civil sólo pueden motivar el juicio de garantías cuando su ejecución es de imposible reparación, en el concepto de que el acto traiga implícita una ejecución material, y las situaciones jurídicas creadas por él no puedan modificarse o alterarse en la sentencia que se pronuncie al concluir el procedimiento contencioso."s Este criterio se pronunció en el año de 1936.

 

La interpretación sostenía que los actos dentro de juicio para su impugnación en vía indirecta, requerían producir una afectación material en la corporeidad del sujeto o en la de una cosa tangible, y que la situación jurídica creada por él, no pudiera ser revocada o modificada por el fallo que se dictara en el proceso natural.

 

Cinco años más tarde, la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio antes mencionado, y sostuvo que no era necesaria una afectación material en las personas y las cosas para que los actos dictados en juicio sean combatibles en amparo indirecto. Se adoptó una posición liberal y dijo el alto tribunal que es suficiente para acceder al juicio de garantías, que la violación ocasionada no pueda ser revocada o modificada en la sentencia del juicio de donde deriva. Apoyó el cambio de criterio en la razón de que el artículo 107 fracción III inciso b) de la Constitución no se refiere a que el perjuicio o agravio sea materia  y que ese texto debía prevalecer sobre el contenido del artículo 114 fracción IV de la Ley de Amparo.

 

La citada jurisprudencia estableció lo siguiente: "Al referirse la fracción IX del artículo 107 constitucional al concepto de "ejecución irreparable”  como característica que deben tener los actos ejecutados dentro del juicio para que proceda el amparo contra ellos, no ha querido exigir una ejecución material exteriorizada de dichos actos, sino que el Constituyente quiso, más bien, referirse al cumplimiento de los mismos, pues de otro modo quedarían fuera del amparo, muchos actos contra los cuales se ha admitido hasta la fecha, como, por ejemplo, el auto que niega dar entrada a la demanda, en el cual es indiscutible que no hay ejecución material en las personas o en las cosas. En consecuencia, debe estimarse que al referirse la fracción IV del artículo 114 de la Ley de Amparo a la parte relativa de la fracción IX del artículo 107 constitucional, que habla de la procedencia del juicio de garantías contra actos en el juicio que sean de imposible reparación, se excede en sus términos, porque el precepto constitucional no habla de actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas, una ejecución que sea de imposible reparación, pues al usar estos términos, no ha querido referirse, expresamente, a los actos que tengan fuerza de definitivos, como susceptibles de ser materia del amparo; por lo que, en tales condicione es indudable que debe predominar el criterio sustentado por la Constitución sobre todas las demás leyes secundarias y aplicarse preferentemente aquélla, a pesar de las disposiciones de estas últimas."6

 

Sin embargo, ese criterio obligatorio que estableció la Corte, pronto originó que los juzgados de distrito recibieran copiosas demandas de amparo indirecto contra actos dictados en procesos judiciales, porque bastaba que una resolución no pudiera revocarse o modificarse en sentencia, para que se actualizara la procedencia del amparo biinstancial. Es obvio que ningún acto intraprocesal definitivo puede ser modificado o revocado en sentencia, ya que ésta no se ocupa de revisar la regularidad del procedimiento, sino de resolver las acciones y excepciones que las partes hayan hecho valer.

 

Después de un largo periodo de encuentros y desencuentros interpretativos entre tribunales federales, entre doctrinistas, y entre ambos sectores del quehacer jurídico, inició el despunte de una nueva concepción del acto de imposible reparación, la nueva idea se empezó a gestar en los tribunales colegiados, pero como era un tema discutido y discutible, entró en contradicción con otros criterios de diversos órganos federales y el caso fue a parar al conocimiento de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que ésta definiera el alcance del enunciado previsto por los artículos 107 fracción III inciso b) de la Constitución y 114 fracción IV de la Ley de Amparo.

 

A finales de los años ochenta, la Tercera Sala de la Corte estableció en jurisprudencia por contradicción   tesis, que un acto produce agravios de imposible reparación en juicio, cuando: "Sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio"7

 

Desde luego que el enunciado "acto de imposible reparación", nada tiene que ver con lo que dijo la Suprema Corte si lo analizamos desde un punto de vista semántico. Sin embargo, esa interpretación valorativa y constructiva del alto tribunal cobra sentido si la relacionamos con el objeto del juicio de amparo.

 

De acuerdo con el artículo 103, fracción I de la Constitución y artículo 1 fracción I de la Ley de Amparo, el juicio constitucional tiene por objeto resolver toda controversia originada por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. Por lo tanto, si un acto de procedimiento transgredió un derecho sustantivo protegido por las garantías individuales, de manera directa e inmediata, debe proceder el juicio de garantías para reparar ese agravio, por que es su primordial objeto.

 

La irreparabilidad del agravio en el sentido de la jurisprudencia tiene lugar, dado que la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre, obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. La tesis no aclara si la persistencia debe ser fáctica o jurídica, pero de los asuntos resueltos por la Corte a través del sistema de contradicción, se advierte que se refiere a ambas.

 

Dos ejemplos lo confirman. El primero, es el que acepta la procedencia del amparo indirecto contra la resolución que desecha parcialmente una demanda, ahí la razón de la irreparabilidad, se hace consistir en que los efectos del agravio persisten si la sentencia en el juicio natural es favorable o desfavorable al quejoso, por que en cualquier caso, ya no se resolverá sobre la acción no admitida, por no haber sido parte de la litis8. En ese supuesto la persistencia del efecto, es jurídico. El segundo ejemplo, es la traba de embargo y depósito del bien en poder de persona diversa al ejecutado, en tal supuesto, la irreparabilidad consiste en que, al constituirse el depósito, se le impide al propietario el uso y disfrute de los bienes secuestrados durante todo el tiempo que dure el juicio, lo cual no será susceptible de repararse, pues aun cuando el afectado obtenga sentencia favorable y se levante el embargo, esto no le restituirá de la afectación de que fue objeto por el tiempo en que estuvo en vigor el embarg09. La persistencia de la afectación en este caso, es fáctica por que se refiere a la imposibilidad de revertir de hecho el disfrute de un bien al ejecutado.

 

Con el paso del tiempo, en el ambiente judicial se percibió que bajo la concepción que dio la Corte, sobre el acto de imposible reparación, habían quedado fuera de la tutela jurisdiccional de amparo, aquellos actos que dictados dentro de un juicio, no afectaban directamente derechos sustantivos consagrados en las garantías individuales.

 

"Nuevamente bajo el recorrido de ejecutorias encontradas de diversos Tribunales Colegiados de Circuito llegó al Pleno de la Corte el tema relacionado con violaciones procesales que no lesionan garantías individuales.

 

La Corte primero dictó una ejecutoria sobre ese tema, pero no fue sino hasta el año de 2001 cuando constituyó jurisprudencia por el sistema de contradicción de tesis, en ella se dijo, que de manera excepcional procede el juicio de amparo indirecto contra violaciones procesales, si afectan al quejoso en grado predominante o superior, exorbitante o extraordinario.

 

La jurisprudencia de referencia establece en sus partes relevantes lo siguiente: "Es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente el caso de la falta de personalidad... pero pueden ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances .vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional...”10

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte se debe analizar en cada caso concreto si la violación procesal produce una afectación predominante o superior, si es exorbitante, la extrema gravedad del gravamen, la trascendencia específica y la institución procesal que esté en juego. Este criterio sin lugar a duda deja en manos del subjetivismo judicial el determinar cuándo un acto es de imposible reparación, ya que no hay ningún parámetro o dato consistente que pueda servir para determinar los casos en que las violaciones procesales encuadran en esas expresiones por demás ambigüas.

 

El peligro del casuismo a que se ha sometido el enunciado "acto de imposible reparación", es un filón muy grande de incertidumbre e inseguridad para el gobernado. Sin duda debe reorientarse el rumbo hacia la intersistematización de los elementos que caracterizan a los actos adjetivos de imposible reparación.

 

Esta es una tarea en la que todo el operador del derecho debe poner su mejor esfuerzo, pues del establecimiento de elementos objetivos de caracterización, depende el grado de certeza y seguridad jurídica en el acceso al juicio de amparo.

 

V.- Actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas.

 

Tercero extraño es aquél que no tiene ninguna intervención en el juicio del que emana el acto que le afecta, por no haber sido señalado como parte. Tercero extraño por equiparación, es quien habiendo sido señalado como parte en el juicio, no es llamado al mismo o se le cita en forma diversa a la establecida en la ley.11 En ambos casos el afectado puede ocurrir al juicio de amparo indirecto bajo la regla de procedencia prevista en el artículo 114 fracción V de la Ley de Amparo.

 

Los actos dentro de juicio a que se refiere el supuesto normativo de comentario, son aquéllos que pronuncian tribunales u órganos jurisdiccionales durante la instancia contenciosa comprendida entre la demanda y la sentencia definitiva. Mientras que los actos fuera de juicio, son también los que dictan dichos tribunales pero después de concluido el juicio contencioso mediante sentencia definitiva, como aquéllos que se dictan en procedimientos prejudiciales o paraprocesales, a condición de que afecten a personas extrañas a ellos.

 

Si el tercero extraño por equiparación tiene conocimiento del juicio natural cuando se ha dictado sentencia definitiva y está transcurriendo el término para su impugnación, procede el amparo indirecto debido a que éste le permite acreditar la falta de emplazamiento o las irregularidades cometidas en el mismo; más no procede el juicio de amparo directo a pesar de lo dispuesto en el artículo 1 59 fracción I de la Ley de Amparo.'2

 

El plazo impugnativo para que los terceros o terceros equiparados promuevan juicio de amparo indirecto contra actos dentro o fuera de juicio que afecten su interés jurídico, debe computarse a partir de que tenga conocimiento de esos actos que le causan un agravio personal, actual y directo, de donde se infiere que si la afectación es causada desde el principio, en virtud de no haber sido emplazado y por todo el juicio, el plazo empieza a contar desde que tiene conocimiento de ello.13 Pero si el agravio al tercero extraño típico se ocasiona sólo por algún acto de ejecución, el plazo se computa a partir de que se conoce o se recibe el impacto de la ejecución.

 

VI.- Conclusiones.

 

PRIMERA.- Las reglas constitucionales y legales de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos jurisdiccionales son de difícil comprensión.

 

SEGUNDA.- Su ambigüedad presenta problemas de incertidumbre y seguridad jurídica para los gobernados.

 

TERCERA.- Las interpretaciones proporcionadas por los tribunales federales en torno a los supuestos normativos de procedencia han ahondado la ambigüedad legal.

 

CUARTA.- A corto plazo se requiere de una jurisprudencia que proporcione elementos objetivos para caracterizar de manera general los términos y expresiones normativas de procedencia del juicio de amparo biinstancial, de tal manera que cualquier operador de esas normas esté en posibilidad de encuadrar un caso concreto en la regla jurisprudencial.

 

QUINTA.- La reforma a la Ley de Amparo debe proporcionar elementos objetivos que caractericen de manera general a los actos formales, procesales o adjetivos de imposible reparación.

 

SEXTA.- En la interpretación de los supuestos normativos de procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe tener presente lo que dijo Don Guillermo Guzmán Orozco, en el sentido de que: "...el juicio de amparo está destinado a tutelar para los ciudadanos el alto valor representado por las garantías individuales, por lo que las cuestiones técnicas de procedencia no deben ser tratadas como trampas procesales ni como laberintos que obstaculicen, en vez de facilitar a los quejosos, la defensa de sus derechos.. .".

 

BIBLIOGRAFIA:

 

I Jurisprudencia, Materia(s):Civil, Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice de 1988, Tomo: Parte II, Tesis: 1053, Página: 1686.

2 Jurisprudencia, Materia(s):Administrativa, Octava Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: VIII, Noviembre de 1991, Tesis: 2a.!J. 5/91, Página: 47.

4 Jurisprudencia, Materia (s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Abril de 2001, Tesis: P.lJ. 32/2001, Página: 31.

3 Jurisprudencia, Materia(s):Civil, Novena Época, Instancia: Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: IV, Septiembre de 1996, Tesis: la.!J. 23/96, Página: 21.

5 Tesis aislada, Materia(s):Civil, Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: XLVII, Página: 792.

6 Jurisprudencia, Materia(s): Común, Quinta Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Apéndice de 1995, Tomo: Tomo VI, Parte HO, Tesis: 1094, Página: 758.

7 Jurisprudencia, Materia(s):Común, Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Tomo: IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, Tesis: 3a./l 43 29/89, Página: 291.

8 Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVI, Julio de 2002, Tesis: 2a.!J. 55/2002, Página: 210.

9 Tesis aislada, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, X, Agosto de 1999, Tesis: 2a. CIV/99, Página: 227.

10 Jurisprudencia, Materia(s): Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XIII, Enero de 2001, Tesis: P./J. 4/2001, Página: 11

11 Jurisprudencia, Materia(s):Común, Octava Época, Instancia: Tercera Sala, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: 58, Octubre de 1992, Tesis: 3a./J. 19/92, Página: 17

12 Jurisprudencia, Materia(s):Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 333, Página: 281.

13 Jurisprudencia, Materia(s):Común, Novena Época, Instancia: Pleno, Fuente: Apéndice 2000, Tomo: Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Tesis: 333, Página: 281.